El aborto forzoso de una embarazada de siete meses cuestiona la política de natalidad del Gobierno
Hasta 164.000 euros de multa por segundo nacimiento
ZIGOR ALDAMA Shanghái 17 JUN 2012 - 20:47 CET
La ciudadana Zhang Li —nombre ficticio— solo puede tener un descendiente. Porque no reúne las tres condiciones que, según la estricta política demográfica del Gobierno chino, son necesarias para buscar el segundo hijo: ser hija única, campesina o divorciada. Y Zhang Li tampoco pertenece a una minoría étnica, circunstancia que también le daría opciones. Ella solo es una china han a la que se le debe aplicar la política del hijo único que se introdujo en el país a finales de la década de 1970. Pero dentro de unos días saldrá de cuentas y dará a luz a su segundo retoño. Sabe que tendrá que pagar cara su osadía. “No estamos seguros, pero nos han hablado de una sanción de 50.000 yuanes (unos 6.300 euros)”.
Después de varias triquiñuelas, es consciente de que, a pesar de todo, ella es una privilegiada, ya que el castigo no pasará de ahí.
Por eso, habla con una mezcla de terror y alivio sobre lo que le sucedió el pasado día 2 a Feng Jianmei, cuando las autoridades chinas de la ciudad de Ankang, en la provincia central de Shaanxi, la obligaron a abortar. No importó que estuviese en el séptimo mes de la gestación, a pesar de que la ley china estipula que los abortos están prohibidos a partir del sexto mes.
