Una monja besa el cadaver del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero cuando fue asesinado. | Ap
Dpa | Washington
Actualizado viernes 06/11/2009 18:04 horas
El Salvador ha dado un giro radical a su tradicional política en materia de derechos humanos al asumir, por primera vez, la responsabilidad "plena" del Estado en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980 por los escuadrones de la muerte. De esta forma el Estado se compromete a avanzar "sin condicionamientos" en el proceso de reparaciones y diálogo nacional.
Monseñor Romero murió en 1980 a los 63 años tiroteado por un comando ultraderechista cuando celebraba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer, en la capital salvadoreña.
Antes de morir, Romero advirtió desde el púlpito del peligro de que en El Salvador se desatara una guerra civil, un hecho que su asesinato precipitó, originando una contienda que duró 12 años y se cobró más de 75.000 vidas, 12.000 heridos y 8.000 desaparecidos.
El Estado salvadoreño "declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades" las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en el año 2000 en relación con el asesinato del religioso, ha anunciado el Director General de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.
Esto supone el "inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador por el Estado para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones", agregó.
En el año 2000 la CIDH, que había admitido el caso de monseñor Romero siete años antes, concluyó en un informe que en el caso del religioso el Estado salvadoreño era responsable de la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva previstos en la Convención Americana, así como del derecho a conocer la verdad de lo sucedido.
En este sentido, recomendó al Estado del país centroamericano realizar una "investigación judicial completa, imparcial y efectiva" para "identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales" del asesinato de Romero.
Cambio de Gobierno en El Salvador
Además, estableció que debía reparar a las víctimas y anular la Ley de Amnistía General promulgada en 1993 tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, y que desde entonces protege los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1980-1992).
El gobierno salvadoreño, en manos durante dos décadas de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se había negado constantemente a seguir las recomendaciones de la CIDH, argumentando que para mantener la paz era necesario renunciar a la posibilidad de hacer justicia tanto en el asesinato de Romero como en otros casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.
Una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas había concluido que el fundador de ARENA, Roberto D'Aubuisson, fue el autor intelectual del crimen del religioso, perpetrado el 24 de marzo de 1980, cuando monseñor Romero oficiaba una homilía en la capilla del Hospital La Divina Providencia.
La postura oficial salvadoreña cambió este viernes, con la representación en la sede de la CIDH en Washington de delegados del nuevo gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del presidente Mauricio Funes.
El nuevo mandatario asumió la presidencia salvadoreña el 1 de junio pasado asegurando que su gobierno sería "guiado por el pensamiento de Monseñor Romero", ante cuya tumba rezó antes de participar en la ceremonia de traspaso de poderes.
Fuente: elmundo.es
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